En el caso concreto de Marbella, desde 1992 el gobierno autonómico de la Junta de Andalucía presentó 430 impugnaciones contra licencias de obra ilegales concedidas por el Ayuntamiento. Sólo se han producido a día de hoy 37 sentencias, de las que sólo son firmes 17, que afectan a una nave industrial y 335 viviendas, entre ellas las 238 del complejo Banana Beach, construído sobre zona verde.

Esta incertidumbre provoca además que estas viviendas sean difíciles de comercializar, o si se comercializan sea a un precio muy bajo ya que el riesgo de derribo hace que sean pocos los compradores que se aventuran con el riesgo. Lo seguros anti-demolición pueden suponer una cierta garantía para animar el mercado de compra venta de este tipo de viviendas.

Pero fundamentalmente el obstáculo es la imposibilidad material o legal para ejecutar la sentencia. El órgano obligado a su cumplimiento (el Ayuntamiento en este caso) debe poder aportar una indemnización para evitar la pérdida económica al indefenso comprador, esta indemnización debe ser aportada por el promotor que incurrió en la construcción ilegal, pero estos promotores suelen tener de un entramado societario que dificulta poder contar con esas cantidades.