Ya hemos comentado algo sobre ésto, y lo único especialmente digno de mención me parece la intención de regular el mercado de la multipropiedad en España, negocio que ha sido tradicionalmente fuente de estafas en nuestro país, con frecuencia a familias de economías modestas que las hacen aún más delictivas (si pudiera ser un agravante) por despiadadas.

Algunas declaraciones:

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de API, Santiago Baena, se muestra claro. «No queremos echar a nadie de la profesión, pero todos los días vemos auténticas barbaridades por parte de muchos aprovechados y no puede haber jugadores con las cartas marcadas»

De fondo, no son más que intentos por, vía ley, expulsar competencia de un mercado, el de intermediación inmobiliaria, para el que el futuro es necesariamente peor que el pasado. Tiene todo el aspecto de que los viejos API, bien callados durante toda la expansión anterior, intentan que ’sea el otro’ el que se vea obligado a cerrar. Y es que la realidad es que no hay espacio suficiente para las decenas de miles de inmobiliarias que hay abiertas en España.

Lo que sí es necesario es comenzar a crear regulaciones para impedir que alguien pueda ‘escapar’ con el dinero de las fianzas de viviendas o delitos con el estilo (y que ya sucedían cuando los agentes inmobiliarios estaban titulados, por cierto) y se busca fundamentalmebte obligar a tomar un seguro que cubra el importe (o una parte relevante) de las cantidades económicas implicadas en las operaciones desarrolladas por intermediarios inmobiliarios.

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